La Municipalidad alega que la norma legal objetada infringe derecho a un racional y justo proceso, y el principio de seguridad jurídica, ya se le que impide obtener un justo remedio a través de un tribunal superior.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos y el principio de seguridad jurídica, ya que el Tribunal de primera instancia le ordena probar un hecho negativo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a un justo y racional procedimiento, el derecho al debido proceso, su derecho a defensa, a producir pruebas, y el principio de seguridad jurídica, al privarlo del derecho a presentar pruebas para acreditar que efectivamente no fue notificado.

La Undécima Sala del tribunal de alzada descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó a Molina Pino al pago de la suma de $22.345.566.

El demandante accionó contra el Fisco, reclamando el monto de la indemnización provisional consignada en razón de la expropiación de parte de su predio para desarrollar una obra de mejoramiento vial en la ruta que une las localidades de Cólico con Caburga Norte, en la región de La Araucanía.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

Excluir el testimonio de personas que han tenido una participación determinante en los hechos puede tener una incidencia decisiva en la actividad jurisdiccional al impedir al juez ponderar sus declaraciones, fundado únicamente en la presunción subjetiva de falta de imparcialidad, es un criterio anacrónico y carente de la razonabilidad necesaria para sustentar una restricción que pugna abiertamente con un justo y racional juzgamiento (voto en contra).

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que acogió la acción.

El requirente alega que la exigencia resulta carente de razón y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

El requirente estima que la aplicación de estas normas atenta contra las garantías a un debido proceso y derecho de propiedad.