Se desestimó también la demanda reconvencional mediante la cual se buscaba el reembolso de lo supuestamente invertido en mejoras al bien raíz arrendado.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y estableció el actuar ilegal y arbitrario del ente persecutor “puesto que la referida ausencia de motivos que justifiquen la decisión allí contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la expidió”.
No obstante, el valor total de las obras adicionales no puede exceder el 30% del monto del contrato originalmente acordado.
Se sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil correspondía al demandado acreditar el cumplimiento de la obligación de pagar la deuda del Banco de Chile, lo que no aconteció pese a habérsele ofrecido la oportunidad legal para ello.
El asunto controvertido debe ser solucionado a través de otras acciones particulares, toda vez que la acción de precario no resulta ser la vía idónea, al no concurrir los presupuestos establecidos en la ley.
La recurrida había dado término anticipado y unilateral al vínculo contractual con la actora, alegando que no informó sus patologías previas.
La autoridad determinó que era procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley N°20.128.
Esta figura se puede entender como una cláusula penal en su beneficio en cuanto acreedora, permitida por el artículo 11 de la Ley 19.886 y el artículo 79 ter, inciso 1º, de su Reglamento.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la prestadora de salud, por lo que le ordenó mantener vigente el contrato en los términos pactados originalmente con la afiliada.
El Tribunal acogió la demanda de cumplimiento forzado de contrato presentada por la empresa Constructora Ingenieros Asociados Limitada, a cargo del proyecto de pavimentación de tramo de ruta costera entre las regiones del Biobío y La Araucanía.
