Debemos considerar que el impacto de la Ley 32107 en las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus familias es devastador. La prescripción de estos delitos, que son imprescriptibles según el derecho internacional, no solo representa una denegación de justicia sino que también agrava el sufrimiento de quienes han luchado durante décadas para que sus voces sean escuchadas.
La dignidad del cargo y mantener la integridad judicial no solo es esencial para el desempeño de las funciones judiciales, sino que es piedra angular de los sistemas judiciales y requisito necesario para la vigencia del Estado de Derecho, del derecho a un juicio justo y de la confianza en el poder judicial.
La duración razonable tanto de la prisión preventiva como la del proceso penal están amparadas normativamente; así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo hace en sus artículos 7.5 y 8.1, respectivamente.
Desde el inicio del procedimiento disciplinario existe un vicio que invalida todo el actuar y las sanciones impuestas, afectándose de igual manera entonces la libertad del amparado en la condición de amenaza.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El requirente alegó que la detención por deudas no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico y vulnera garantías constitucionales.
A fin de que ni el legislador ni menos una autoridad administrativa pueda determinar otros motivos por los cuales podrá perderse la nacionalidad.
La duración excesiva del proceso en beneficio y provecho de los justiciables ha sido considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
