El control de constitucionalidad del estado de excepción debe verificar que el mecanismo cumpla los principios constitucionales de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad y razonabilidad.
El incumplimiento de normas migratorias no constituye un delito, por lo que ninguna persona puede ser sometida a sanciones penales por su condición de movilidad humana.
El Estado es responsable de las muertes producidas en el contexto médico cuando, copulativamente, se ha negado a un paciente el acceso a la salud en situaciones de urgencia médica; se acredita una negligencia médica grave y, cuando existe un nexo causal entre el acto y el daño sufrido por el paciente.
El Estado debe garantizar el derecho al agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones.
Un órgano con “plenos poderes” es incompatible con el principio republicano de la división de poderes y con una democracia constitucional, entendida como una forma de gobierno que impide la concentración de competencias y atribuciones en un único órgano.
La prisión preventiva tiene como finalidades exclusivas garantizar la comparecencia de la persona procesada; garantizar el derecho de las víctimas a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y, asegurar el cumplimiento de la pena. En ningún caso, puede perseguir fines punitivos o de cumplimiento anticipado de la pena.
La propiedad privada debe ejercerse observando los parámetros de responsabilidad social y ambiental.
Se impuso a la recurrente de casación una carga irrazonable que afectó su derecho a recurrir.
La mera designación de un defensor público no es suficiente para garantizar una efectiva protección del derecho a la defensa. El defensor debe contar con el tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa.
El reconocimiento voluntario de hijos e hijas tiene el carácter de irrevocable.
