El Servicio recovó la inscripción acusando un cambio en las condiciones operativas de la planta, la que fue clausurada por el municipio de Caldera al no contar con patente municipal, ni con la recepción final del inmueble en que se instaló la empresa; por lo tanto, el recurrente no desarrollaba una actividad dentro de la legalidad vigente.
La Corte de Santiago deberá conocer la acción constitucional y pronunciarse sobre la misma, pese a negar su tramitación en primera instancia.
No se vislumbra una afectación a la garantía prevista en el artículo 19 N°21 de la Constitución. Además, el ordenamiento jurídico establece otras instancias –jurisdiccionales y proteccionales- para discutir estos asuntos.
Dado que el ordenamiento jurídico le concede una serie de recursos administrativos ante la autoridad sanitaria para poner término la situación descrita.
