La restricción a cualquiera de las dimensiones del derecho a la educación, debe perseguir una justa causa y tiene que estar debidamente expuesta y justificada, bien por el legislador o bien por las entidades encargadas de garantizar el servicio de educación, so pena de derivar en arbitraria.

El requirente alega que destinar recursos provenientes de subvenciones escolares a fines no educativos vulnera el derecho a la educación.

La práctica profesional para obtener el título de letrado es una expresión del principio de solidaridad, pues permite a los egresados realizar pasantías, en muchos casos sin derecho a retribución económica, con el objetivo de poner sus conocimientos al servicio de la comunidad.

El tribunal estableció que, sin perjuicio de no contar con la cobertura directa del recurso de protección, el derecho a la educación no puede desconocerse, más si en el caso va enlazado al derecho de igualdad ante la ley.

El requirente estima que se le ha privado arbitrariamente de la obtención del título de abogado, vulnerando sus garantías constitucionales.

Las recurridas no han generado el financiamiento para crear las matrículas, ni las condiciones para la entrega efectiva de la educación pública lo que se traduce en que 66 niños, niñas y adolescentes están sin colegio.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado produce efectos contrarios a diversas normas y principios constitucionales.

El acceso a la educación es más difícil cuando se trata de personas indígenas, existiendo un gran déficit respecto a la escolaridad por los sacrificios que implica tener que asistir a establecimientos educacionales sin poder estudiar dentro de sus territorios, siguiendo sus propias costumbres y respetando sus culturas.

No se advierte vulneración al derecho a la educación y al derecho de propiedad, en los términos denunciados por la requirente.

La conducta desplegada por la recurrida alteró el statu quo vigente, incurriendo en una actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que ejerció un acto de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.