Son medidas que afectan el derecho a la vida privada, la honra, la intimidad y de la propia imagen e importan una limitación al derecho a la educación por representar una restricción provisoria o permanente a su derecho de acceso y permanencia en el establecimiento.

Los requirentes, un grupo de educadores diferenciales, alegaron que fueron arbitrariamente excluidos de bono de reconocimiento profesional.

El colegio no ha justificado adecuadamente la proporcionalidad, ya que aun estando en conocimiento del contenido de los informes psicológicos de la estudiante que acreditaban su necesidad de mayor apoyo por parte del establecimiento, procedieron a aplicarle la medida más gravosa y perjudicial a la alumna.

La requirente alega que la medida es desproporcionada y atenta contra el derecho a la educación y el derecho de propiedad.

El requirente alegó que retener dichos dineros a través de un embargo vulnera las garantías fundamentales de los alumnos de dicho establecimiento.

El requirente alega que la medida atenta contra su derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.

El derecho a la educación no puede quedar condicionado a la decisión de los adultos que se encargan del cuidado de los menores pues, incluso, en el caso de sus padres, las preferencias de éstos no pueden privar a sus hijos de un bien básico para su vida autónoma como es la educación, porque los hijos no son una extensión de los padres, sino personas potencialmente autónomas que tienen derechos fundamentales frente a todas las demás.

La libertad de enseñanza de los padres se circunscribe a la facultad de enseñar a los hijos sin perjuicio del cumplimiento de su deber de escolarización y, de otro lado, es respetuosa con el derecho a la educación, reconocido por la Constitución. Dejando a un lado su dimensión prestacional, no alcanza a proteger la decisión de los padres de no escolarizar a sus hijos.

La restricción a cualquiera de las dimensiones del derecho a la educación, debe perseguir una justa causa y tiene que estar debidamente expuesta y justificada, bien por el legislador o bien por las entidades encargadas de garantizar el servicio de educación, so pena de derivar en arbitraria.

El requirente alega que destinar recursos provenientes de subvenciones escolares a fines no educativos vulnera el derecho a la educación.