El recurrente pretendió acelerar el desalojo de un inmueble ubicado en la comuna de Punitaqui, en circunstancia que contra algunos ocupantes posee fallos pendientes de ejecución por demandas de precario, y a otros ni siquiera ha emplazado en juicio; por lo tanto, la magistratura estimó que el asunto controvertido debe ser resuelto por la judicatura civil, mediante acciones de lato conocimiento.
El requirente alega que la aplicación de las normas legales impugnadas vulneran su integridad física y psíquica, el derecho a la propiedad, entre otras garantías constitucionales.
La requirente estima que la reducción “prudencial” del mínimo de la subasta resulta discriminatoria y desproporcionada.
El eventual incumplimiento de la aerolínea del contrato de transporte y que, en su caso, origine responsabilidad para ella y, los derechos y obligaciones emanados de tal contrato, son cuestiones que deberán decidirse en un procedimiento declarativo, en el que las partes tengan la posibilidad de presentar las pruebas pertinentes.
Es necesario aclarar previamente la naturaleza de la ocupación de los recurridos mediante la vía jurisdiccional que corresponda.
No resulta lícito por vías de hecho retener bienes de otra persona, pues el ordenamiento jurídico contempla mecanismos y procedimientos para hacer valer los derechos en estos casos. De no mediar una resolución judicial que lo autorice, quien efectúe la retención se constituye en una comisión especial.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado vulnera sus garantías de igualdad en la repartición de las cargas públicas, libertad económica y propiedad.
El requirente alega que vulneran su dignidad, integridad psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, la protección a la vida privada y el derecho de propiedad.
