El peritaje afirma que la recurrente se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus labores antes del inicio de la licencia impugnada, lo que hace injustificado el reposo prescrito con posterioridad.
La recurrente sostiene que su vida peligra si su hijo no continúa con controles cercanos con su psiquiatra y psicólogo tratante, con los medicamentos indicados y la supervisión directa de la prevención del suicidio.
Se alega que, al no otorgar cobertura al seguro contratado, infringió el derecho de propiedad del asegurado, puesto que, por una parte, afectó los derechos que legítimamente adquirió al suscribir la póliza, y además lesionó su patrimonio al impedirle incorporar ingresos plenamente procedentes.
El máximo Tribunal dispuso que la recurrida deberá concluir la etapa de investigación del sumario seguido en contra del actor dentro del plazo de 30 días.
El acceso a la educación es más difícil cuando se trata de personas indígenas, existiendo un gran déficit respecto a la escolaridad por los sacrificios que implica tener que asistir a establecimientos educacionales sin poder estudiar dentro de sus territorios, siguiendo sus propias costumbres y respetando sus culturas.
Los hechos denunciados demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población sigue viéndose privadas de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces.
Es indiscutible la afectación de garantías constitucionales que los actores invocan, quienes dieron cuenta de una perturbación permanente de sus condiciones de vida y una amenaza a su seguridad, integridad física y salud.
La recurrente solicitó se ordene al Municipio dar cumplimiento efectivo a su labor fiscalizadora en orden a prevenir las tomas de terreno en la Quebrada Cabritería, junto con la reubicación de las tomas ya instaladas en el terreno.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Los medicamentos que se otorguen a un paciente son una medida adoptada por el médico tratante, guiado por las directrices técnicas y con conocimiento de las condiciones de salud del actor.
