El recurrido infringió las normas reglamentarias, afectando la calidad de vida del actor y el normal desarrollo de los animales que habitan en su granja.
Se acreditó que las autoridades sectoriales adoptaron medidas para evitar los daños ambientales que lograron poner término a la emergencia acaecida.
La protección ambiental constitucional va mucho más allá de garantizar un derecho a un medio ambiente adecuado y exige coherencia entre las diversas materias de relevancia ambiental que se consagren en un texto fundamental.
La Laguna La Señoranza constituye un humedal que debiera estar protegido, y el no tomar resguardos para su protección constituye una omisión ilegal de los órganos públicos recurridos.
Para mitigar los impactos negativos en las personas de los aerogeneradores, que permita la vida armónica entre las comunidades y los proyectos de generación eólica.
