Marbury vs. Madison no se constituye únicamente en un acto judicial que indica el deber de anular todo aquello que contradiga la Constitución. Marbury vs. Madison es el ejercicio de descubrir lo superior y dar a la supremacía su lugar, y no simplemente porque es primero, sino porque es conveniente para la convivencia social.
La agente fue destinada de Ñuñoa a Antofagasta, e intentó revertir la decisión argumentando que su núcleo familiar se encontraba consolidado en la capital, no obstante, la Corte consideró que la esencia de la labor policial es la movilidad institucional, ya que sus funciones deben cumplirse a lo largo y ancho del territorio nacional, hecho conocido y aceptado por todos los que integran las filas de la institución.
El máximo Tribunal anuló el fallo recurrido, al observar que los jueces de fondo no expusieron los razonamientos que los llevó a acoger la acción y decretar un monto indemnizatorio de $1.000.000.- en circunstancias que se encontraba asentado el daño psicológico y físico al que fue sujeto el actor.
Una comunidad Colla, intentó dejar sin efecto las resoluciones del Ministerio de Minería que autorizan la explotación de litio en el Salar de Maricunga -pese a dictarse en 2018 y 2019-, acusando que tomaron conocimiento recientemente de aquellos actos, maniobra que fue calificada de mala fe por parte de la Corte de Copiapó, pues la misma parte utilizó los mismos antecedentes para recurrir en enero de 2022.
El descuento efectuado a la remuneración del recurrente es un acto abusivo, debido a que la Caja de Compensación pretende hacerse del cobro de su crédito sin acudir ante la judicatura respectiva, vulnerando el derecho de propiedad del actor.
El máximo Tribunal indica que la responsabilidad del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos es objetiva, y se debe cumplir con la obligación de reparar íntegramente el daño, según las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificadas por Chile.
La recurrida debe abstenerse de continuar con los descuentos y devolver los montos retenidos. Dicho acto afecta el derecho de propiedad del actor, sin perjuicio de las acciones ordinarias que le otorga la justicia para perseguir el cobro de lo adeudado.
El reclamante renunció a la nacionalidad chilena para optar por la noruega, y luego de 10 años de residencia en Chile, solicitó al Servicio Nacional de Migraciones la eliminación de la anotación de renuncia, entidad que desestimó la solicitud debido a que la vía administrativa no es la idónea para tal fin.
Al rechazarse la apelación de una sanción impuesta por su oficial superior, en el mismo acto se aumentó el castigo original, infringiendo el principio reformatio in peius, al dejar a la afectada en una peor posición de la que se encontraba antes de recurrir, circunstancia que vulneró la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad psíquica de la agente.
El municipio de San Carlos interpuso la acción cautelar en favor de una funcionaria del SENDA que expuso ante el Consejo Municipal, y dicha ponencia -de carácter público- fue dada a conocer por un medio de comunicación online de la comuna. El recurrente estimó como vulneradas la honra e imagen de la funcionaria, no obstante, carece de legitimidad activa pues es la propia afectada quien debió comparecer ante la magistratura.
El medicamento “ANORO” es solicitado por el recurrente debido a que es indispensable para su sobrevida, motivo por el que la Corte de Puerto Montt ordenó al nosocomio suministrar dicha medicina, a fin de no vulnerar el derecho a la vida del paciente.
