Se alega que TikTok viola la Ley de Prácticas de Ventas al Consumidor de Utah (UCSPA) al hacer que la aplicación sea adictiva para los niños con fines de lucro. También se le acusa de tergiversar aspectos relativos a la seguridad de su aplicación y la equidad de sus políticas.
La exigencia esperable de un profesional especialista en la venta de bebidas de consumo humano es la del cumplimiento de la contraprestación principal a la que se encontraba obligado, ello es, la oferta de bebidas que resulten aptas para el consumo y que no contengan en su interior –claro está- objetos extraños. De allí que la conducta de la demandada observada justifica la imposición de la aludida sanción ejemplificadora.
El recurrente no ha logrado demostrar adecuadamente que las promociones del “3×2” en productos seleccionados y la del 25% de descuento en las compras a realizarse en el marco del “Hot Sale”, eran mutuamente excluyentes. Ello, toda vez que la denunciada no ha podido rebatir los dichos ni la prueba acompañada respecto de la vigencia y acumulación de las promociones aludidas, ni demostrar cuáles eran las bases y condiciones que circunscribían.
La finalidad del derecho del consumidor a desistir de un contrato celebrado a distancia que tiene por objeto una prestación de servicios se cumple cuando el consumidor dispone, antes de la celebración del contrato, de una información clara, comprensible y expresa sobre el precio de los servicios objeto de dicho contrato, precio que se adeuda bien a partir del momento de celebración del contrato, bien a partir de una fecha posterior a esta.
El consumidor tiene el derecho de recibir atención y un trato digno, conforme lo establece la norma, debiéndose garantizar tales condiciones absteniéndose de realizar conductas que generen al consumidor situaciones vergonzantes o intimidatorias. Específicamente se ha previsto que la persona debe ser respetada según los criterios generales de los tratados de derechos humanos, garantizándose de esta manera condiciones de trato obligatorias para los proveedores.
El actor supo de antemano y aceptó las reglas diseñadas por la demandada a fin de asignar esos celulares a quienes resultaran beneficiarios. Es decir: si se aceptara que concurrió al lugar y se pasó la noche esperando, lo más que podría derivarse de esa circunstancia es que ello ocurrió porque el actor buscó colocarse en mejor posición que los demás interesados para adquirir, como efectivamente ocurrió, al celular que deseaba.
La relación de consumo alude al vínculo que se establece con quien, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o usuarios. En este caso no existe controversia sobre el carácter de proveedor de la accionada, pero esta cumplió con su deber de emitir avisos de seguridad y el hecho se debió a la imprudencia de la recurrente.
Un Estado miembro puede asignar a la referida autoridad la competencia para imponer a esos operadores la devolución de las cantidades que hubieran percibido incumpliendo las exigencias relativas a la protección del consumidor, en particular las relativas a las obligaciones de transparencia y de facturación correcta.
Las cláusulas del contrato de promesa que fueron objetadas establecen un pacto comisorio calificado en favor del proveedor, obligando al consumidor a renunciar a sus derechos, y la empresa podía modificar la ubicación del inmueble prometido a su antojo.
La obligación de seguridad consiste, precisamente, en una garantía de indemnidad. Su incumplimiento se produce por la simple existencia del daño en el marco de la relación de consumo, sin necesidad de otra prueba adicional. Desde el momento en que el consumidor traspasa la línea e ingresa al ámbito de propiedad privada del centro de consumo, comienza a regir el marco tuitivo Constitución Nacional y de la Ley del Consumidor.
