La compensación no tiene como finalidad perpetuar, a costa de sus miembros, el nivel económico del que gozaban durante el matrimonio, sino colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del matrimonio en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el matrimonio.

La sentencia transforma lo que era una obligación del recurrente en relación con su ex esposa en una obligación alimenticia para con la hija. Es una prestación que solo aprovechaba en su concepción inicial a la ex esposa pues servía a la propiedad de un bien privativo y además sin posibilidad, dados los términos del convenio, de devolución de lo abonado por dicho concepto.

Al aprobarse el acuerdo completo y suficiente propuesto por los litigantes, y fijar como causa de su extinción la alteración sustancial de las circunstancias, como el acceso al empleo de la cónyuge, si bien no estaba señalado en el convenio como motivo de la pensión el desempleo inicial, el hecho de encontrarlo es causal de extinción.

La iniciativa busca hacer aplicable a dichas causas la regla descrita en el artículo 64 bis de la Ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia.

El ordenamiento jurídico reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, de modo tal que es un deber jurídico de los sentenciadores considerar las especiales situaciones en que viven muchas mujeres incluso al computar los plazos legales.

En uso del principio de colaboración armónica de los poderes públicos, la Corte instó al legislador a regular las situaciones de vulnerabilidad en que quedan las mujeres tras el divorcio, especialmente, cuando las afectadas son mujeres de edad avanzada.

Durante el matrimonio, la actora pudo ejercer su profesión, realizar estudios de postítulos y asumir cargos de jefatura, por lo que no cumple con el presupuesto para obtener compensación económica.

El impedimento desaparece cuando se ha declarado judicialmente la disolución del vínculo conyugal.

La moción tiene como fundamento la discriminación que importa esta norma hacia la orientación sexual del individuo, resultando además redundante con otras causales que contempla la ley de divorcio.

Se trata de una moción de un grupo de senadores que plantea que los plazos sean de 6 y 18 meses, respectivamente, desde el cese de la convivencia.