El Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiese ocasionados.
Recurrente responsabilizó al Estado por no implementar medidas de seguridad tendientes a su resguardo personal y patrimonial, lo que generó la destrucción de bienes de su propiedad en un ataque incendiario efectuado por activistas mapuches en el año 2013.
La administración de los bienes nacionales de uso público corresponde esencialmente a las Municipalidades, por ende, si el ente edilicio no veló por mantener el buen estado de las veredas, se entiende que no actuó, teniendo el deber legal de hacerlo, lo que constituye falta de servicio.
El fallo descartó además que la sentencia impugnada haya omitido los fundamentos que la llevaron a su decisión. Sostuvo al respecto que, la falta de conformidad del recurrente con dichos fundamentos, al acusar falta de mérito, no significa que los mismos no existieran.
Actuar negligente de los facultativos del Hospital Hanga Roa en Isla de Pascua causaron daños graves e irreversibles a la salud del niño.
Es un derecho fundamental que requiere de la infraestructura adecuada para su ejercicio, por lo que las autoridades pertinentes deben hacer observancia de los requisitos legales para su goce y así evitar su postergación a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La paciente se encontraba al cuidado de su hija al momento de ir al baño, momento en el que se produjo el accidente, por ende, no existe responsabilidad en el hecho de los funcionarios del establecimiento.
Los hospitales autogestionados de la red de salud son órganos autónomos desconcentrados que poseen patrimonio de afectación para responder judicialmente, en razón del artículo 36 del DFL N°1 del año 2005.
La demandante acusó falta de servicio, al ser dada de alta sin tener en consideración las complicaciones que sufrió luego de una cesárea, lo que le causó diversos perjuicios de salud posterior a su salida del recinto.
El actor alega que el Estado se encontraba obligado a proporcionarle todos los elementos y accesorios de protección, en atención a la peligrosidad del sector y a la previsibilidad de posibles agresiones, las que fueron incluso alertadas a través de una carta anónima, sin embargo, no se tomaron medidas de resguardo.
