El delicado estado de salud de la mujer embarazada, que obligó a ingresarla a la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, requería de una atención activa de parte de los funcionarios de salud, lo que no ocurrió en este caso.

El Servicio de Salud había sido excluido de la causa al estimar la Corte de Puerto Montt que no era legitimado pasivo, pero el máximo Tribunal resolvió que es imposible continuar la acción –cuyo fin es la indemnización de perjuicios– sin la participación del Servicio, debido a que es único de los demandados que puede responder patrimonialmente en caso de un fallo favorable para los actores.

No pudo probar en juicio que aportó el formulario faltante y que el municipio perdió el documento, por ende, el máximo Tribunal desestimó sus argumentos en sede de nulidad sustancia. Además, porque la recurrente invocó nuevos hechos sin acusar infracciones a las normas reguladoras de la prueba.

Los demandantes también dirigieron la acción en contra del Fisco de Chile, como responsable de la negligencia del Ministerio de Obras Públicas, pero fue rechazada por el Tribunal, luego de determinar que la mantención de los paraderos de la locomoción colectiva no estaba dentro de las funciones de esa cartera ministerial.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la demanda por la pasividad del Estado frente a los múltiples ataques que han afectado al fundo San Luis de Palermo, ubicado en la comuna de Vilcún.

A pesar de los negativos informes previos en cuanto a la seguridad y prontitud de respuesta de los servicios de emergencia, la Intendencia Regional autorizó la marcha sin ser capaz de asegurar la integridad física de los asistentes ni de terceros externos a la manifestación, de la cual se siguieron una serie de desmanes, entre ellos, el siniestro que produjo el deceso de la víctima.

La Corte, fallando un recurso de protección, había dejado sin efecto el Decreto que ordenó retirar el letrero, sin embargo, el ente edilicio de todas formas lo retiró, lo que causó perjuicios al demandante.

La Tercera Sala del máximo tribunal anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones y en fallo de reemplazo confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio del municipio por incumplir la obligación de supervisar la manipulación de elementos riesgosos al interior del establecimiento educacional, pero consideró prudente elevar la indemnización a un monto más condigno al sufrimiento causado a las demandantes.

La niña se encontraba en una actividad manual, utilizando una pistola de silicona en mal estado, cuando sufrió una electrocución que posteriormente, devino en un diagnóstico de epilepsia.

El Estado ha faltado gravemente al deber que le asiste de entregar un servicio efectivo y no respetar la voluntad de sus derechos reproductivos, que, por lo demás, representa una preocupación del Estado de Chile plasmado en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer.