Al no existir un derecho indubitado en torno a la restitución del remanente que pretende la cliente y habiéndose descartado la actuación que se denunció como ilegal, no se vislumbra en la especie que la conducta del banco tenga la aptitud para vulnerar el derecho de propiedad del actor.

Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el actuar que se objeta, el legislador ha dispuesto un procedimiento de lato conocimiento, destinado a esclarecerlos, que no puede ser sustituido por la vía de esta acción constitucional.

La Ley N°21.234 vigente al momento del fraude obliga a los emisores de tarjetas de crédito a restituir hasta 35 UF, respecto al monto superior el banco podrá optar por restituirlos o ejercer las acciones que considere procedentes.

El Banco no acreditó que el siniestro haya ocurrido con ocasión de la sustracción de las claves por parte de terceros por una vía distinta a la obtención de las mismas a través de su página web oficial.

La entidad bancaria infringió sus deberes de resguardo respecto de los fondos de propiedad de la recurrente, vulnerando su derecho de propiedad.

Al existir un juicio de lato conocimiento por los hechos denunciados, el presunto derecho vulnerado no se encuentra indubitado.

El recurrente carece de un derecho indiscutido y preexistente que se pueda proteger mediante la acción de protección.

Otorgó un crédito a través de medios electrónicos, sin exigir antecedentes que permitieran respaldar que el solicitante fuera la titular de la cuenta.

El Tribunal de alzada estableció la responsabilidad del banco por no cuidar los intereses de su cliente.

La sentencia indica que aun cuando el banco demandado pretende excusarse basado en la responsabilidad que recae sobre el cliente en el uso y custodia de claves personales lo cierto es que de los antecedentes aparejados a los autos constan circunstancias que llaman la atención y que llevan a desestimar las justificaciones de la entidad bancaria.