La acusada fue observada por personal de Gendarmería en el momento en que una de sus visitas le entregó un recipiente ovoide, que contenía cocaína y otros estupefacientes, el cual le fue extraído desde sus genitales en un registro posterior para evitar el ingreso de dicha droga a la unidad penitenciaria.

Se trata de un interno que se encuentra cumpliendo altas condenas que cumplirá en el año 2072, por lo que debe ingresar a un establecimiento con adecuadas condiciones de seguridad. Tampoco puede ingresar a una unidad carcelaria con una tasa de sobrepoblación que supera el 142%.

Aunque es efectivo que con el traslado se produce un desarraigo familiar, este no resulta arbitrario o ilegal, pues se funda en las razones técnicas, dándose prioridad a la seguridad de la Unidad Penal en su conjunto.

El recurrente utilizó su cargo para eludir los controles de acceso al recinto penal de Arica, e ingresar droga destinada a su hijo recluido en dicha unidad.

La custodia de la detenida estuvo a cargo de J.A.R.Z., quien pasado unos minutos desde la salida del carro y mientras estaba en marcha, abrió el calabozo y ordenó salir a la víctima, indicándole que le haría una revisión de sus vestimentas por temas de seguridad, sacándole los grilletes y exigiéndole que se desnudara.

También establece que se interrumpe la prescripción cuando el condenado se hubiere fugado o huido del lugar en que cumplía su condena.

Incurre en error la recurrida al sumar todas las condenas y aplicar un límite de dos tercios, toda vez que aplica un tiempo mínimo de dos tercios a sanciones respecto de la cuales el legislador no ha exigido un tiempo mínimo mayor. Se ordenó a Gendarmería postular al proceso correspondiente al primer semestre del año 2023 al amparado.

Asimismo, a tercer trámite fue remitida la norma que sanciona como delito la conspiración de un homicidio calificado luego que los senadores introdujeran cambios al mensaje presidencial.

La elección ya había sido declarada nula con anterioridad.

La comisión respaldó, en general, un paquete de medidas presentadas por el Ejecutivo, que aborda materias como el sicariato, control de armas, el secuestro y las competencias de Gendarmería.