Las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes luego de que sufriera una lesión por parte de otros internos, por lo que la recurrida ha incurrido en omisiones que son dables de calificar como arbitrarias, al no adoptar todas las medidas que el caso amerita.

Las faltas al régimen interno de Gendarmería no justifican las razones administrativas y técnicas, ya que éstas solo se refieren a la respuesta administrativa a la problemática conductual que se presenta con relación al interno, debiendo Gendarmería poner término a esa situación sin necesidad de desarraigar al amparado.

En dictamen N° E292.786 de 2022 el Contralor autorizó al organismo a contratar sin sujetarse al criterio señalado en el dictamen N° E173.171 de 2022.

Los funcionarios públicos no tienen propiedad sobre su función ni sobre sus remuneraciones, por lo mismo cuando son desvinculados por causas legales no pueden solicitar beneficios por tal separación.

Una de las funciones más importantes de Gendarmería es resguardar la vida e integridad física y psíquica tanto de los internos como de su propio personal.

El amparado deberá mantenerse durante todo el tiempo del cumplimiento de la condena privativa de libertad en otro modulo.

Agregar un requisito que el reglamento no contempla, sin que se expresen fundamentos en mérito de los cuales se decidió la prohibición, transforma el acto en ilegal y contraviene las reglas de Mandela.

La iniciativa, aprobada en general por la Comisión de Educación, fortalece la instrucción de los gendarmes, mejora las mallas curriculares y profesionaliza la actividad de los funcionarios. Las y los diputados también recibieron a apoderados de colegios particulares subvencionados, quienes expusieron sobre la “crítica situación por la atraviesan estos establecimientos educacionales”.

La concesión del beneficio intrapenitenciario es una facultad privativa del jefe del Establecimiento Penitenciario, sin perjuicio de exigirse, para concederlo, la concurrencia de un informe favorable del Consejo Técnico.

La agresión alegada ocurrió en el año 2017, respecto de la cual conoció la CIDH y dispuso medidas, cuyas gestiones fueron realizadas.