La empresa francesa creadora del programa computacional demandó a la contraparte chilena, obteniendo una condena en contra de la compañía nacional. El máximo Tribunal verificó que el laudo cumple con los requisitos del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, e indicó que el cumplimiento del fallo sea solicitado ante el tribunal civil correspondiente.

La Isapre CONSALUD invocó un supuesto delito cometido por el denunciante -hecho que resultó ser falso- para terminar el convenio, sin dar mayores explicaciones al actor, lo que vulneró el deber de brindar información oportuna al consumidor. La empresa fue multada y además debe pagar 5 millones pesos en favor del demandante, por daño moral.

El demandante compró una camioneta que presentó en cinco ocasiones la misma avería, derivada de un defecto de fabricación. Ambos demandados -vendedora y servicio técnico- deben responder solidariamente por el pago del valor del vehículo, así como por el daño moral causado al consumidor.

Se demandó la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual a un Fiscal Adjunto del Ministerio Público, en circunstancias que los hechos denunciados fueron realizados en el ejercicio de su labor como funcionario y no como persona natural. La actora debe dirigir la acción en contra del Fisco de Chile, en atención al artículo 5 de la Ley Orgánica del ente persecutor.

Los jueces del fondo invocaron la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual -4 años-, para desestimar la indemnización por daño moral, solicitada por una víctima de tortura en manos de agentes del Estado, desde octubre de 1973 hasta agosto de 1974. El máximo Tribunal, hizo notar que la responsabilidad internacional de Estado en este tipo de casos es objetiva, por lo que la víctima debe ser reparada de forma prudencial.

La víctima cayó a las aguas debido a la falta de mantención de una vereda, debajo de la cual circula un canal de riego, y a la que le faltaba un segmento de la loza de cemento por la que habitualmente circulan los transeúntes del sector.

El máximo Tribunal declaró que, durante el juicio, no quedó establecido que la demandada estaba en conocimiento que el demandante no era el padre de la criatura, debido a que en aquella época el actor era su pareja sexual estable, y sólo tuvo un único encuentro sexual con un tercero que, finalmente, resultó ser el padre biológico de su hijo.

La actora acudió al Hospital de Castro por complicaciones con su embrazo, y una vez en el recinto decidió marcharse a su domicilio, para lo cual, el personal del nosocomio le hizo firmar un formulario de consentimiento informado, en que no se le comunicaba adecuadamente de los riesgos de dicha decisión, ni de la cesárea que debía ser efectuada para salvar la vida de su hijo, que falleció posteriormente.

El máximo Tribunal indica que al despedir injustificadamente a un trabajador antes del término de la faena pactada en el contrato, el empleador debe hacerse responsable no sólo de aquellas indemnizaciones derivadas de la desvinculación, además, debe pagar a título de lucro cesante todos los ingresos que el demandante dejó de percibir y cuya expectativa de ganancia era legítima, en función del contrato por obra o faena celebrado con el empleador.

El colegió intentó esconder la agresión indicando que sólo se trató de “una caída durante el recreo”, no obstante, el personal de salud que asistió al menor dio cuenta de una lesión renal ocasionada por un fuerte golpe, irregularidad que puso de manifiesto una errada aplicación del protocolo de accidentes escolares de parte del establecimiento.