El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Juzgado Civil de Santiago, tras dar por establecido el actuar negligente de la clínica privada al disponer el traslado de la paciente, lo que le provocó la muerte el 24 de abril de 2014.

Tradicionalmente se sustentó el deber de responder del dueño o guardián del animal en la noción subjetiva de culpa, por no haberlo vigilado o cuidado correctamente a efectos de evitar que ocasione un daño; pero más modernamente la doctrina se inclina por encuadrar la situación fundando la responsabilidad en el riesgo creado.

El Tribunal estableció que el actuar de la empresa proveedora de gases para la industria y centros asistenciales, constituye una negligencia inexcusable, al incluir en el boletín comercial al demandante como moroso, sin que haya existido relación o vinculación entre las partes. 

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente el sentencia, dictada por el 24° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio de funcionarios públicos, en el extravió del cuerpo.

El fallo señala respecto de la determinación del monto de la indemnización que estas deben considerar las características del caso particular.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que aumentó el monto indemnizatorio que deberá pagar la demandada por las omisiones negligentes e inexcusables en que incurrió el personal de salud bajo su dependencia, al denegar la atención que requería la víctima. Falta de servicio que obligó a trasladarlo en un vehículo particular hasta el Hospital de Castro, centro asistencial donde falleció.

El Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad de reparación, porque a ello le obliga el Derecho Internacional.

La sentencia señaló que resulta inaceptable que los comercializadores de cigarrillos, aun admitiendo que sus productos resultan nocivos, persistan por una y mil razones, en su falta de responsabilidad. Así, no puede afirmarse que una persona que padece una adicción -deliberadamente provocada por los comercializadores de cigarrillos- pueda ser considerada ni suficientemente informado en los términos de la Ley de Defensa al Consumidor.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, en aquella parte que acogió la demanda de indemnización de perjuicios.

Aun cuando posteriormente el actor fuese excluido -a su petición- del régimen de protección de testigos, ello no libera al Estado de su deber de haberle prestado la asistencia necesaria durante el período en que el testigo se encontraba efectivamente incluido en el programa.