No es el remedio idóneo para interferir en políticas públicas de orden penitenciario, que en el mayor de casos importa la destinación de recursos públicos y que son de resorte exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo, encontrándose proscrito al Poder Judicial mezclarse en dichas funciones, refiere el voto en contra.

Aborda los derechos de las víctimas frente a violaciones de DD.HH. en democracia, el acceso al agua, el derecho a la libertad de religión, de creencia y culto; los derechos humanos de las personas mayores, y de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar post pandemia; y la desaparición forzada de personas en dictadura.

El respeto y preservación de los Derechos Humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentren privadas de libertad no puede ceder frente a argumentos tales como lo antigua y precaria de la infraestructura carcelaria.

Al no adoptar las medidas para iniciar de inmediato el procedimiento para dar trámite a la solicitud, con la celeridad que el caso amerita, el Servicio infringe el deber impuesto por la normativa sobre protección de refugiados.

La abogada integrará el citado organismo luego que el consejero Carlos Frontaura cumpliera con el período por el cual había sido nominado.

De acuerdo al artículo 76 del Código Penal, si una pena lleva consigo otras por disposición de la ley, corresponde condenar al acusado expresamente con esa pena.

Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos ya proporcionó los informes remitidos por el Ministerio de Justicia a la ACNUDH, en el marco de sus recomendaciones por el estallido social del 2019.

La ocupación de la sede del Instituto por un grupo de interés merma el desarrollo de las labores de promoción y protección de los derechos humanos.

El pronunciamiento complementa el Dictamen N°4.558 de 2019.

Lo anterior, dado que su contenido es secreto para los terceros ajenos al respectivo procedimiento.