El recurrente argumentó que al adjudicarse la cuota de un comunero en el inmueble, caducó el embargo que recaía sobre su porcentaje de derechos por lo que el Conservador debió alzar el gravamen, no obstante, el máximo Tribunal estimó que el órgano actuó válidamente en atención al artículo 92 de su reglamento.

El requirente alega que se le ha despojado de su propiedad mediante un procedimiento fraudulento, vulnerando sus garantías constitucionales.

De acuerdo al artículo 2415 del Código Civil no prohíbe la venta, como tampoco una prohibición convencional, cuya contravención no afecta su validez, sino que es un incumplimiento contractual que acarrea las sanciones contempladas en el artículo 1555 de ese Código. Civil.

Negativa del órgano se fundó en el incumplimiento de los requisitos contenidos en el actual artículo 119 del Código de Aguas, los cuales fueron introducidos a la norma cuatro años después de la celebración del acto.

Los fundamentos de la negativa a inscribir fueron desvirtuados en juicio.

Los jueces de fondo no consideraron todos los elementos contenidos en el informe del órgano, con los cuales se podía subsanar el error invocado para negarse a inscribir.

Alega el recurrente que le comenzaron a llegar multas cursadas al vehículo que aún está a su nombre, por lo que solicitó se ordene la inscripción de la transferencia en el Registro Civil.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La interpretación de las disposiciones sobre materia arancelaria de los Conservadores, debe ajustarse siempre al carácter público de su función.