Se modifica la Ley de Fraudes a fin de corregir incentivos perversos que ha generado el marco legal actual, que permiten comportamientos que perjudican a los consumidores financieros como un conjunto e incluso resultan en la comisión de delitos.
Si bien a la fecha emisión del presente informe la sanción decretada puede encontrarse prescrita, esta no ha ejercido el derecho contemplado en el 2514 del Código Civil, en la forma señalada por el artículo 2493 de ese mismo cuerpo legal, informó el recurrido.
Un colegio de La Serena acusó que un tercero sustrajo desde su cuenta corriente más de 50 millones de pesos vulnerando la seguridad del Banco, acto que en atención a la Ley Nº20.009 -sobre fraude electrónico- debe ser conocida ante el juez de policía local, por lo tanto, es improcedente que sea revisada en sede cautelar al existir un juicio de lato conocimiento en curso.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que de manera arbitraria se le impide recurrir de casación a diferencia de lo que ocurre si se trata de demandas colectivas por infracciones a la misma ley de derechos del consumidor.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica y a un procedimiento racional y justo, ya que impide someter a una segunda revisión la decisión acerca de la incompetencia del tribunal.
Es al órgano jurisdiccional, dentro de las facultades inquisitivas que van ínsitamente vinculadas a estos arbitrios, a quien concierne exclusiva y excluyentemente determinar respecto de quién se otorga la protección, y el cómo, el cuándo y la forma en que materializará la misma.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho al racional y justo proceso y el principio de igualdad ante la ley, desde que lo priva de interponer recurso de casación en la forma en contra de la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia que falló con ultra petita.
El local acreditó que el consumidor dejó la mochila encima del mesón de custodia y no siguió con el procedimiento de rigor con que operan los servicios de custodia.
El banco debía acreditar que las transacciones desconocidas por la consumidora efectivamente fueron realizadas por ella.
En razón del artículo 23 de la Ley N°18.287 el juez sustituyó la multa impaga por 5 días de arresto nocturno, decisión ajustada a derecho según la Corte de Valparaíso y confirmada por el máximo Tribunal.
