De los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La inactividad de los padres se produjo por la delicada situación que se vivía al interior del núcleo familiar, cuyas consecuencias perjudiciales no puede recaer en forma alguna en los niños.
La actora alegó que la educación superior es un derecho que debe estar al alcance de todas las personas.
El proceso se ajustó el reglamento disciplinario de la recurrida.
La resolución que sancionó al actor carece de la expresión de los motivos que fundamentaron la decisión, lo que constituye una condición mínima de racionalidad y un elemento de la esencia de toda medida sancionatoria.
El SAE no considera la cercanía del domicilio del alumno en relación al establecimiento al que postula.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal del colegio al no renovar la matrícula del educando, cuyos derechos se encuentran garantizados y protegido por la Constitución y diversos tratados internacionales suscritos y vigentes en Chile, como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
Deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que apunte a garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes.
El Tribunal de alzada estableció que el colegio recurrido infringió la Convención sobre los Derechos del Niño y aplicó en forma arbitraria y abusiva las cláusulas de prestación de servicios educacionales, vulnerando las garantías constitucionales de los padres de libertad para escoger el establecimiento educacional de sus hijos y la libertad de opinión, contempladas en los numerales 11 y 12 del artículo 19 de la carta fundamental.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal del colegio particular pagado, al condicionar la matrícula de los estudiantes, al pago previo de las deudas.
