Las modificaciones regulan la situación de las personas que ingresaron al Registro Nacional de No Donantes, y el concepto de duda fundada respecto de la calidad o no de donante.
El actuar de las recurridas es arbitrario y amenaza la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, pues le niegan el acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia de la actora.
La autoridad modificó las cuestiones denunciadas por el recurrente.
Las restricciones que se imponen al comercio se enmarcan dentro de la política pública para evitar la propagación del contagio por Covid-19, cuyo mérito o conveniencia no le corresponde al Poder Judicial.
Los pacientes han tenido acceso oportuno a los tratamientos de su patología y su vida no se encuentra en riesgo.
El Tribunal señala que se encuentra justificado elaborar políticas públicas para la generalidad de la población y admitir excepciones –como ciertamente se hace con los alimentos que contienen maní, pescado o los alimentos libre de gluten– pero no pueden ser construidas en base a excepciones, ya que el exceso de información podría generar el efecto precisamente contrario.
Las peticiones formuladas por la recurrente exceden las materias que deben ser conocidas en sede de un recurso de protección atendida su naturaleza cautelar.
Regulariza la situación de los funcionarios de atención primaria de la salud que se encuentran contratados a plazo fijo.
Las instrucciones dictadas por el Ministerio contravienen los deberes de confidencialidad y de no discriminación que establecen los artículos 5 y 7 de la Ley N°19.779.
Es necesario regular el funcionamiento de las clínicas veterinarias dentro de las comunidades para incentivar la tenencia responsable de mascotas y lograr el bienestar de los animales.
