La Corte de Talca sobrepasó el marco de sus atribuciones, que se relacionan con el examen de legalidad respecto de la resolución que impone la multa, lo que implica realizar un examen de la conducta infraccional atribuida y el marco legal que la sanciona, sin que esté dentro de sus atribuciones realizar un examen propio, sustituyendo a la administración, y sancionar por conductas que no fueron objeto de reproche.
La Seremi de Educación cumple con el deber de resguardar el patrimonio fiscal al solicitar el reintegro.
La reclamada ha efectuado una calificación jurídica improcedente de los hechos, al sostener que hay incumplimiento del colegio por no haber concurrido la totalidad del personal a una capacitación sobre convivencia escolar.
La decisión que motiva la sanción a la apoderada se adoptó con anterioridad al inicio de la investigación.
La actuación del colegio es arbitraría y vulnera los derechos fundamentales de la estudiante, en tanto impide que curse su último año de educación media con el pretexto de mantener deuda por los años anteriores
Dada la continuidad y regularidad con que continuarán las clases durante el año 2023, se estableció que los establecimientos escolares deben ajustar tempranamente su plan de mejoramiento educativo, y planificar el uso de sus recursos.
Aborda materias relacionados a la educación pública, a aspectos laborales de los trabajadores de la educación, a la retención de subvenciones, a la educación superior e inclusión en establecimientos particulares pagados.
Denuncia por deficiencias en infraestructura originó una fiscalización y multa para el establecimiento por incumplimiento de la normativa educacional, la que fue confirmada en las instancias judiciales.
La actora solicitó se recalificaran las infracciones como leves, sin embargo, es la propia Ley que califica como graves aquellos incumplimientos a los requisitos para obtener el Reconocimiento Oficial del Estado, y en los que incurre la reclamante.
No existe infracción al artículo 6 del DFL 2 de 1998 del MINEDUC, pues en el caso concreto se cumple el requisito previsto en la norma sectorial de que el director del colegio inicie el procedimiento disciplinario y a su vez decida la expulsión de un alumno.
El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.
