Sentencia revocada por la Corte Suprema.
No procede rebajar la multa impuesta por la Superintendencia de Educación a un establecimiento educacional administrado por la Municipalidad de Pichilimu, al no haberse constatado las ilegalidades reclamadas.
La Corte de Talca sobrepasó el marco de sus atribuciones, que se relacionan con el examen de legalidad respecto de la resolución que impone la multa, lo que implica realizar un examen de la conducta infraccional atribuida y el marco legal que la sanciona, sin que esté dentro de sus atribuciones realizar un examen propio, sustituyendo a la administración, y sancionar por conductas que no fueron objeto de reproche.
La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Talca que acogió parcialmente la reclamación de la Municipalidad de Pichilimu en contra de la Superintendencia de Educación imponiéndole como sanción una amonestación escrita, y en su lugar rechazó el reclamo confirmando la multa impuesta de 51 UTM a uno de sus establecimientos escolares.
La Superintendencia de Educación sancionó a la Municipalidad con multa por no cumplir con un proceso de admisión que garantice el respeto a la dignidad y/o derechos de los niños, niñas y sus familias.
Como fundamento de la multa, la Superintendencia estableció que el establecimiento educacional administrado por la Municipalidad no respetó el orden del Registro y Lista de Espera año 2021.
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