El demandante solicitó la nulidad de una concesión minera que se superpone sobre los terrenos de su yacimiento, no obstante, la acción fue notificada después de cuatro años de la publicación del extracto exigido por el artículo 90 del Código de Minería, por lo que el tribunal hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

Se despachó orden de detención, de duración indefinida, en contra del imputado por estimar que su comparecencia a la audiencia de reformalización de la investigación, podía resultar demorada o dificultada mediante una citación judicial, informa el recurrido.

La Corte de Santiago estimó que los hechos denunciados exceden los límites del recurso, al tratarse de hechos que constituyen un litigio contractual propio de la judicatura civil.

Al momento de solicitar el abandono del procedimiento aún no existía una relación procesal perfecta, toda vez que no habían sido notificados todos los demandados de la causa y, por consiguiente, no estaba legalmente trabada la litis. Por esta razón es dable concluir que no existía propiamente el juicio cuyo procedimiento se pedía declarar abandonado.

En modo alguno cabe argüir que, efectuada en tiempo y forma la notificación, la empleada que la recibió constituye un tercero a efectos de notificaciones administrativas. Tratándose de personas jurídicas lo que no puede admitirse es que, una vez efectuadas, la identificación del destinatario último de las notificaciones por ellas recibidas quede a su total arbitrio.

La prescripción de corta duración establecida para la acción de dominio del artículo 26 del D.L. N°2695, se interrumpe con la notificación de la demanda, y no con su interposición, por lo que la demandante adquirió la propiedad regularizada mediante prescripción adquisitiva.

La expresión “Se entenderá notificada…” con que comienza el inciso 3° del artículo 18 de la Ley N°18.287, constituye una presunción legal, la cual si no es desvirtuada con prueba en contrario resuelve el problema.

El recurrente no puede excusar su pasividad en la emergencia sanitaria para oponerse al abandono del procedimiento, pues era su responsabilidad hacer avanzar el juicio mediante la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba.

Al solicitarse dicha información, los funcionarios deben ser notificados, a fin de que puedan ejercer su derecho de oposición.

El acto terminal debe orientarse a cumplir con los artículos 7, 8, y 9 de la Ley N°19.880, en relación con la igualdad ante la ley que le asiste al solicitante.