El recurrente no pudo acreditar la infracción a las normas probatorias, por las que presuntamente la judicatura de fondo no ponderó adecuadamente el título que acompañó para solicitar la restitución del inmueble, prefiriendo el instrumento ofrecido por el demandado, que singularizaba de mejor forma el predio en litigio.

Acción de precario sólo puede ser enervada si se acredita que la ocupación del inmueble no es por mera tolerancia o ignorancia del dueño.

La recurrente adujo ser la anterior dueña de un departamento ubicado en la Comuna de Vitacura como antecedente para justificar su ocupación, argumento desestimado por el máximo Tribunal al carecer de la entidad suficiente para ser invocado como hipótesis de mera tolerancia, en virtud del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.

La demandada estuvo casada con uno de los hermanos de la demandante, por lo que la ocupación del inmueble reclamado no le era desconocida, no configurándose en la especie la hipótesis del artículo 2195 del Código Civil.

El demandante se adjudicó el inmueble ocupado mediante la partición de la sociedad conyugal conformada con la demandada, por lo que la permanencia de esta en el sitio posee un título válido y conocido por el actor.

Se desestimó la excepción dilatoria de falta de capacidad de la demandante, puesto que con ella se intentaba deslegitimar la calidad de dueña de la actora, siendo que tal excepción sirve únicamente para alegar la inhabilidad del interviniente para obrar en juicio.

La demandante reconoció que le entregó el predio a su hijo para que viviera con su núcleo familiar, que incluía a la demandada, razón por la que la ocupación no era un acto ignorado o tolerado como lo exige el inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.

El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia cuestionada, dictada por el Juzgado de Letras de Colina, que rechazó la acción por no lograr acreditar el demandante la necesidad de las servidumbres demandadas.

El Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la acción presentada por la sociedad Commonwealth SpA, en contra de la cónyuge del anterior propietario del inmueble.