Pleno de la CS ordena abrir investigaciones disciplinarias contra funcionarios del Poder Judicial que cobraron bono de protección a la clase media.
Tenía como requisito tener un estado de cesantía o disminución de ingresos.
Tenía como requisito tener un estado de cesantía o disminución de ingresos.
En general, estas causas involucran a intervinientes interrelacionados o que, muchas veces, pertenecen a un mismo grupo familiar, por lo que la gestión del tribunal apunta a obtener rápidamente información de causas relacionadas y concentrarlas, con los mismo jueces y fiscales.
Examen que abarcó las propuestas en tramitación y su efecto en los procedimientos en el ámbito de la justicia penal, civil, laboral y familia; el Código Orgánico de Tribunales, el Código de Procedimiento Civil; en el funcionamiento de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, y las leyes de tramitación electrónica, de protección a los derechos de los consumidores, RPA, y de procedimientos de los juzgados de policía local.
El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por CGE, tras establecer que la multa impuesta resulta proporcionada a la falta cometida.
Dentro de los proyectos que se llevarán adelante durante 2021 se destacó la creación de los cargos de coordinadores para los juzgados civiles, el aumento de la dotación de consejeros técnicos para 49 juzgados de Familia; la implementación de nuevos centros integrados de notificaciones para Copiapó y Chillán y la implementación de la Ley 21.057 de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes (NNA) en su segunda etapa en las jurisdicciones de Santiago, Valparaíso, San Miguel, Rancagua y Puerto Montt.
En uso de las facultades interpretativas.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, que condenó a la demandada a pagar multa de 50 UTM y le ordenó no reiterar en el futuro, dicha conducta discriminatoria.