La reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras, pone de relieve un caso en donde el Poder Ejecutivo realizó un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial hondureño destituyendo a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras.
La instancia aprobó una indicación del Ejecutivo que entrega el proceso de selección de candidatos al Sistema de la Alta Dirección Pública, en base a perfiles entregados por el Ministerio de Justicia. Será el titular de esa cartera quien defina el postulante que ocupará el cargo.
Esta confusión de identidad entre el imputado de la causa y el recurrente de autos se generó por la remisión del Ministerio Público al Juzgado de Garantía del acta de flagrancias, en la cual al imputado de la causa se identificó con el Rut del actor, ingresando dicho Rut al sistema SIAGJ, informó Fiscalía.
La requirente alega que infringe la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, como así también va en contra de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El Tribunal Constitucional no dio ni la más básica de las justificaciones para rechazar el recurso de amparo. Por lo tanto, los demandantes no previeron la forma en que el artículo 42 de la Ley núm. 2/1979 fue interpretado y aplicado en su caso. Eso afectó la esencia misma de su derecho de acceso a un tribunal para la protección de su discutible derecho.
La demanda es inadmisible porque fue presentada fuera del plazo establecido en el artículo 35 § 1 del Convenio, pues las demandas deben ser presentada al TEDH no más de cuatro meses, a partir de la fecha de la decisión interna definitiva. En este caso fue interpuesta seis meses después por lo que fue rechazada.
Si bien la organización de la administración de justicia es competencia de los Estados miembros, el ejercicio de esta facultad debe respetar el derecho de la Unión Europea. Por ello, el régimen disciplinario aplicable a los jueces que puede tener que aplicar este derecho debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control político de sus actividades.
Las enmiendas proponen una ley institucional que regule a los órganos autónomos y una Comisión Nacional de Justicia que los coordine. Sin embargo, el foco de disputa entre oficialismo y oposición es el nombramiento de los miembros de cada órgano.
Si bien la Comisión Constitucional celebra el abordaje de aspectos relevantes de regulación constitucional, manifiesta su preocupación por el modo en que algunos han sido propuestos. Entre ellos, y respecto a la indiscutible necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales
Se les acusa de realizar actos incompatibles con su función a través de redes sociales. Si bien las investigaciones siguen en curso, ya habrían sido sancionados con el bloqueo de sus cuentas por su marcado activismo político.
Esta iniciativa se enmarca en las iniciativas que desarrolla el Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables y la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, ambos presididos por la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez.
