La demandante pretendía la restitución de un inmueble arrendado y el pago de las rentas insolutas, no obstante -y pese a ser desestimada su petición en primera y segunda instancia-, dedujo casación en el fondo, sin incluir dentro de su reclamo las normas que la magistratura consideró para rechazar su demanda de arriendo, por lo que el máximo Tribunal desestimó su libelo por carecer de norma decisoria litis.
El prolongadísimo silencio e inacción de la comunidad de propietarios ha sido equivalente a su consentimiento.
En un principio, la magistratura acogió el arbitrio al estimar que la ocupación era ignorada por el dueño del predio, decisión que fue revertida por el máximo Tribunal al observar que el demandado era tío del actor, así como el anterior dueño del inmueble ubicado en la comuna de Teodoro Schmidt.
El máximo Tribunal estimó que en virtud del artículo 915 del Código Civil, el dueño de un predio puede reivindicar su dominio respecto del mero tenedor. En la especie, el demandado solicitó a su hija la restitución de parte de una propiedad en la que autorizó a la demandada construir una casa para que habitara junto a su nieta.
La posesión de un bien raíz está integrada por dos elementos, la inscripción y la tenencia material, de modo que, al ser privado el dueño de la tenencia material, ha sido privado de una faceta o parte integrante de la posesión.
La querellada justificó la construcción del cierre perimetral en el hecho de ser de dominio de su representada legal, argumento que fue rechazado por la Corte, puesto que la querella fue dirigida en su contra como persona natural, siendo indiferente si es o no representante de la sociedad aludida.
La Corte de Valparaíso puntualiza que el bien reivindicado se encuentra singularizado, toda vez que se especifica en sus dimensiones y con fotografías que demuestran que se encuentra emplazado en un sitio que cuenta con separaciones entre las diferentes casas, quedando perfectamente delimitado respecto de los otros que existen en el mismo sitio.
El artículo 2° transitorio del Código de Aguas permite que un solicitante acredite el uso ininterrumpido de las aguas de tal forma.
La posesión no merece tutela constitucional, precisamente porque no está dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad.
