El recurrente fue detenido y torturado en 1987 por agentes militares, y luego de obtener sentencia favorable en primera instancia al demandar la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, la Corte revocó el fallo, indicando que dicha responsabilidad prescribía en cuatro años, no obstante, el máximo tribunal acogió el arbitrio de nulidad sustancial luego de razonar que la responsabilidad internacional de Estado, implica la reparación oportuna y eficaz a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

El plazo de la acción de cobro de un pagaré se encontraba prescrito al momento en que fue notificada la ejecutada, y debido a que la demanda se presentó antes del inicio del estado de excepción (marzo de 2020), dicho plazo no se encontraba interrumpido bajo la hipótesis indicada en el artículo 8 de la Ley N°21.226.

El demandante pidió el pago de las prestaciones derivadas del despido por necesidades de la empresa, a lo cual, el demandado opuso excepción de caducidad -la que fue acogida y confirmada por la magistratura-, en circunstancias que debió oponer la excepción de prescripción.

El máximo Tribunal concluye que el plazo de prescripción de la acción de cobro del cheque se interrumpe al iniciar la gestión preparatoria de reconocimiento de firma y deuda, no obstante, la certificación de dicha gestión culmina este trámite y luego de ella el plazo de prescripción de un año comienza a computarse nuevamente.

El acusado fue condenado en 2014 como autor del delito de manejo en estado de ebriedad, ilícito que volvió a cometer en 2021, no obstante, el juez de garantía consideró el primer delito para aumentar la cantidad de años de suspensión de licencia de conducir, en circunstancia que aquel se encontraba prescrito.

En virtud del artículo 98 de la Ley Nº18.092 en relación con el artículo 2514 del Código Civil, el cómputo del plazo de un año para declarar prescrita la acción cambiaria no rige desde la fecha en que el deudor se encuentra en mora, debido a que la voluntad del acreedor de acelerar el cobro se expresa mediante la interposición de la demanda.

El requerido fue solicitado por la república de Perú, para ser investigado por un robo agravado cometido en Lima en el año 2007. La ministra instructora del máximo Tribunal estimó que la acción penal se encontraba prescrita, pues transcurrieron más de 10 años desde la comisión del delito y la fecha de la audiencia de extradición en 2023.

Tres órganos públicos, -Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia y Derecho Humanos y CGR- coincidieron en la misma conclusión: que el actor debía ser destituido de su cargo, motivo suficiente para desestimar la acción.

El requerido fue condenado en 2004 por robo agravado en Perú, y fue beneficiado en 2006 con la libertad condicional, pena que fue quebrantada en 2007 al no presentarse para control de la autoridad. La ministra estimó prescrita la pena, al transcurrir más de 10 años entre el quebrantamiento de aquella y la presentación de la solicitud de extradición.

El municipio de Santiago buscaba el cobro de derechos de publicidad, y el certificado invocado sólo refería una cifra adeudada, sin relacionar este monto a la obligación correlativa que se acusaba como incumplida; por lo tanto, el título carecía de ejecutividad.