El Estado no puede invocar normas de derecho interno -como la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual-, para eximirse del cumplimiento de la obligación de reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, debido a que dichos delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de seguridad jurídica, desde que se le impone una condición económica que obstaculiza su ejercicio, puesto que no cuenta en su patrimonio con la disponibilidad financiera inmediata como para desembolsar en un plazo breve sumas tan elevadas.

La Segunda Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso de apelación encaminado en contra de lo resuelto por el ministro en visita extraordinaria Guillermo de la Barra Dünner, que rechazó las peticiones de prescripción alegadas por la defensa del sentenciado Mauricio Hernández Norambuena.

El requerido es acusado de dar muerte a su pareja en un hostal de una localidad peruana el año 2012, y la ministra instructora desestimó la prescripción de la acción penal por aplicación del artículo 100 del Código Penal, que establece una regla especial de “dos días por uno” para el cómputo de los plazos, cuando el autor de un ilícito se encuentra fuera del territorio.

El precepto contenido en el artículo 196 de la Ley 18.290, en su actual redacción, establece un mayor rigor en las sanciones lo que obedece a la idea de incentivar un manejo responsable, como política criminal.

Una escribana «injuriada» en la redacción de una demanda por simulación de una escritura donde intervino, demandó al abogado y sus clientes por los daños que esos dichos le ocasionaron a su «credibilidad profesional» al acusarla de un delito. La acción prospero en primera instancia pero se declaró prescripta en la alzada.

La Corte Suprema confirmó la decisión de los jueces de fondo, de indemnizar por daño moral a una víctima que no se encuentra reconocida como tal por el informe Valech, pero que pudo ser situada por testigos al interior del Estadio Nacional hasta el 24 de septiembre de 1973. La Corte indicó que la obligación de reparar el daño causado no es excluyente respecto de quienes no aparezcan en la nómina de la Ley Nº19.992.

Al iniciarse la causa con anterioridad a la entrada de en vigor del estado de excepción de catástrofe -marzo de 2020-, no se puede aplicar la suspensión de plazos judiciales contemplada en el artículo 8 de la Ley Nº21.226.

El máximo Tribunal, estimó que la prescripción de la acción cambiaria no puede fraccionarse en atención a la cantidad de cuotas que el ejecutante decida “perdonar” al deudor para exigir el pago de las restantes, pues al demandar manifestó inequívocamente su voluntad de acelerar y cobrar el total de la deuda, y no una fracción de ella.

El recurrente fue detenido y torturado en 1987 por agentes militares, y luego de obtener sentencia favorable en primera instancia al demandar la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, la Corte revocó el fallo, indicando que dicha responsabilidad prescribía en cuatro años, no obstante, el máximo tribunal acogió el arbitrio de nulidad sustancial luego de razonar que la responsabilidad internacional de Estado, implica la reparación oportuna y eficaz a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.