La discriminación directa exige una diferencia de trato por razón o causa del sexo del trabajador, lo que implica que en este caso no pueda hablarse de dicha discriminación, pues las camisetas que son objeto de las presentes actuaciones son las mismas, con independencia del sexo.

Las Directivas antidiscriminatorias establecen un conjunto específico de causas de justificación que permiten amparar un trato diferente en una serie limitada de circunstancias. La excepción de «requisito profesional esencial» aparece en todas las Directivas y permite a los empleadores diferenciar entre las personas por los motivos protegidos cuando estos tienen relación intrínseca con la capacidad de desempeñar un determinado trabajo o las cualificaciones necesarias para el mismo.

Lo resuelto no trasgrede el principio de igualdad, ya que si bien todas las personas somos iguales ante la ley, este derecho no tiene un carácter absoluto. No cabe duda de que las personas que integran los cuerpos policiales no están en igualdad de condiciones con personas trabajadoras, cuyas funciones no resguardan la vida de otras ni implican el uso de armas.

La actora tiene el título de ingeniera y en la empresa la categoría de Técnico Titulado Superior. El varón la categoría profesional de Técnico Grado Medio, pero percibe una mayor retribución que la demandante pese a que ésta tiene más antigüedad. Se ordenó el cese de tal comportamiento empresarial por discriminatorio y contrario al principio de igualdad. Además, se la condenó al pago de una indemnización de 13.000 euros.

Ambos grupos huyen de la guerra y la violencia, por lo que el Estado debe tratar a estos grupos por igual.

La requirente estima que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad.

El requirente alega que establece un castigo que no permite demostrar a través de un debido proceso, si una persona es efectivamente culpable; pues la misma no respeta la garantía de igualdad, el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia.

La requirente alega que, en el caso concreto, de aplicarse las normas objetadas, le impedirán hacer efectiva la responsabilidad penal de los querellados.