La apreciación personal de una persona de la existencia de un acontecimiento discriminatorio por identidad de género no tiene el carácter de difamatorio. Por su parte, la recurrente cuenta con otras herramientas jurídicas en contra de la publicación.
El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.
La interpretación contractual debe ser debatida en un procedimiento de lato conocimiento. Lo mismo para establecer si el fallecimiento se provocó por su imprudencia al ingresar a una zona prohibida y por la ingesta de sustancias ilícitas.
Se limitó a dar cuenta de la existencia de un sumario administrativo seguido contra el recurrente, procedimiento público de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 16 de la Ley 19.880. Existe un interés público comprometido.
Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta como ilegal y/o arbitrario, tal cuestionamiento debe ser esclarecido y declarado en un procedimiento de lato conocimiento. Además, la controversia se encuentra planteada en la justicia civil ante la cual se persigue el cobro, por lo que se encuentra ya bajo el amparo del derecho.
Además, las controversias sobre la validez o no de unas elecciones de estas características deben ser resueltas ante los Tribunales Electorales, en el marco de un procedimiento que contenga las garantías procesales necesarias.
La Corte Suprema confirmó la sentencia de
Los primeros demandaron ante tribunales y obtuvieron sentencias favorables en contra de las municipalidades en donde se desempeñaban. Sin embargo, en el supuesto que los recurrentes obtengan fallos a su favor –y tengan un título ejecutivo que reconozca sus derechos- la resolución de la Corte IDH también surtiría efectos respecto de ellos.
Las publicaciones constituyen una exposición de hechos de interés comunitario, cuyo principal fin es informativo por el interés y trascendencia que el tema reviste para la colectividad, por lo tanto, no tienen la entidad de vulnerar el artículo 19 N°4 de la Constitución.
La discusión propuesta no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, por lo demás, el ordenamiento jurídico ha previsto acciones específicas en sede laboral para la resolución de estos conflictos (artículo 83 de la Ley 19.640).
Los habitantes de San José reciben recursos hídricos de camiones aljibes del municipio de Cabildo y abastecimiento del Servicio Sanitario Rural Los Molinos, cumpliéndose el parámetro establecido por el máximo Tribunal sobre acceso al agua potable al sobrepasarse la media de 100 litros diarios por persona.
