El artículo 810 del código adjetivo faculta a la Corte Suprema para rever una sentencia firme si se ha pronunciado contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y que no se alegó en el juicio en que la sentencia firme recayó. La institución de la cosa juzgada tiene por finalidad conferir certeza a los derechos que han sido adjudicados por el órgano jurisdiccional y, así, permitir su ejecución.
Se absolvió al particular luego de verificar que posterior a su condena, el Ministerio Público pudo acreditar que un tercero suplantó la identidad del peticionario para eludir a la justicia y culparlo por el delito, hecho que salió a la luz al examinar la firma estampada en el acta de derechos del imputado, que era discordante con la verdadera firma del sentenciado.
La Audiencia solo se pronunció sobre el análisis de sangre en base a los restos de sangre recuperados en la ropa de la víctima, sin referencia alguna al semen analizado en el primer informe, que pasó desapercibido para el tribunal.
Una vez que el fallo que condenó a quien se le usurpó su identidad quedó ejecutoriado, Carabineros detuvo al verdadero malhechor quien cometió una serie de delitos haciéndose pasar por el recurrente, poniendo al verdadero imputado a disposición de la justicia por el delito de usurpación de identidad.
El requirente alega que la prohibición de presentar testigos en sede de revisión vulnera la igualdad ante la ley y su derecho a defensa, debido a que torna ésta en ineficaz al no poder ofrecer un testimonio al que la defensa tuvo acceso después de dictada la sentencia condenatoria.
La mujer fue condenada a 9 meses de prisión por incriminar a su marido.
El imputado fue condenado por manejar en estado de ebriedad, y solicitó la revisión de la condena argumentando la aparición de dos nuevos testigos del hecho que acreditarían su presunta inocencia, lo que contraviene el artículo 476 del Código Adjetivo que prohíbe la prueba testimonial para fundar la solicitud de revisión.
El máximo Tribunal tuvo por acreditada la inocencia del recurrente, quien fue condenado por presuntos delitos contra la seguridad interior del Estado, luego de obtener su confesión mediante la tortura efectuada por personal militar.
El fallo dictado en 1974, condenó a tres particulares por delitos contra la seguridad interior del Estado, no obstante, las confesiones de los hechos que sirvieron de sustento a la decisión, fueron obtenidas luego de extensas jornadas de tortura a las que fueron sometidos los actores.
El máximo Tribunal decretó la absolución de los recurrentes, cuya condena se dictó con declaraciones inculpatorias obtenidas bajo tortura.
El máximo Tribunal absolvió a recurrentes tras establecer su completa inocencia
