El fallo sostiene que, si publicación fue eliminada de la red social, aquello que constituía el acto recurrido ya no existe, lo que impide que se acoja el arbitrio.
El recurrente solicitó eliminar las declaraciones presuntamente difundidas por la recurrida al estimar que vulneran su derecho a la integridad psíquica, vida privada, honra y propiedad por el uso de su imagen.
La Aplicación fue anteriormente bloqueada el 9 de octubre de 2020 en Pakistán por no filtrar contenidos «inmorales e indecentes», pero le veto fue levantado después de 10 días.
Los retos que las Redes Sociales plantean a los jueces que quieren participar en ellas no son pocos. Algunos jurídicos (como los disciplinarios) y otros éticos. Pero éstos últimos, ampliamente expuestos por instituciones nacionales e internacionales, no deben conducir a una restricción real de un derecho fundamental como es la libertad de expresión, so pena de convertir a los jueces en ciudadanos de segunda categoría.
Según la referida Ley, las estaciones de radio y televisión locales deben asegurarse de que su contenido contenga material educativo, que defienda los valores morales, religiosos y culturales de Indonesia, y evitar calumnias, incitación al odio o pornografía.
Los comentarios de las recurridas se enmarcan en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión y no adicionan una calificación o expresión que pueda advertir un trato vejatorio o deshonroso hacia la recurrente.
La causa se inició por la denuncia ingresada por capitán de Carabineros, quien denunció que las integrantes del colectivo, publicaron en redes sociales un video de un minuto y cuarenta y un segundos de duración, en el cual las denunciadas vestidas con overoles rojos, rostros cubiertos y una bandera negra, realizaron una performance en el exterior de diversas unidades policiales de la Prefectura de Valparaíso, gritando consignas en contra de la policía uniformada.
Se ordenó eliminar las publicaciones que contienen la foto del recurrido y donde se le imputa el carácter de violador o abusador.
Esto, a propósito de lo resuelto por la Corte Constitucional colombiana, que abrió la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar derechos de petición a través de redes sociales, concluyendo que, cuando una entidad hace uso de plataformas sociales y el recurso es presentado de manera respetuosa y cumple con los requisitos de ley, le asiste la obligación de tramitar las solicitudes que por esa vía se formulen.
El ente contralor adujo que, tratándose de una cuenta de carácter privado de una persona en la citada red social, no corresponde que esta Contraloría General emita un pronunciamiento acerca de la posibilidad que aquella posee, como usuario, para bloqueos de otras cuentas o de su mantención.
