La regulación establece criterios para la identificación de «usuarios de especial relevancia», definiéndolos como aquellos individuos cuyos ingresos anuales superan los 300.000 euros derivados de su actividad audiovisual y que cuentan con un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos, o dos millones de seguidores en el conjunto de su actividad.

Si se descubren infracciones durante el curso de la investigación, la Comisión está facultada para imponer medidas correctivas. Dichas medidas podrían incluir requerimientos dirigidos a Meta para remediar las deficiencias detectadas en sus plataformas, con el fin de garantizar elecciones europeas libres y justas, así como para prevenir futuras perturbaciones y manipulaciones dentro del ámbito de su competencia.

El CEO de X, Elon Musk, se encuentra bajo investigación, enfrentando acusaciones de «manipulación criminal y fraudulenta», así como de obstrucción de la justicia. Estas acusaciones derivan de su presunta participación en una campaña pública de desinformación y de su negativa a bloquear algunas cuentas calificadas de extremistas por las autoridades, aduciendo que las ordenes violan la libertad de expresión.

Las publicaciones en el Facebook del docente, emitiendo opiniones críticas contra la gestión de las recurrentes -aunque puedan resultar desagradables-, no constituyen una lesión a la honra, pues las recurridas tuvieron la posibilidad de controvertir, y fueron realizadas en atención a la actividad gremial y laboral de las partes, donde el escrutinio público hacia la funcionaria es parte de la naturaleza del cargo ejercido.

El caso resalta la complejidad inherente a la intersección entre la libertad de expresión, la responsabilidad de las plataformas digitales y la imperante necesidad de salvaguardar la integridad democrática en el escenario digital contemporáneo.

La ley impone sanciones significativas a las empresas de redes sociales que no cumplan con sus disposiciones. Ello incluye la obligación de eliminar las cuentas existentes de menores de 14 años residentes en Florida, con la amenaza de demandas por daños y perjuicios de hasta 10.000 dólares por cuenta no eliminada, así como posibles multas de hasta 50.000 dólares por infracción.

Conforme a los parámetros reseñados y las características que presentan las publicaciones atribuidas al denunciado el objeto que persiguen, su finalidad y el contexto en el que fueron efectuadas, cabe afirmar, sin lugar a duda, que éstas excedieron los límites de protección que la Constitución Nacional, local, y tratados internacionales, otorgan a la libertad de expresión, pues configuran un insulto gratuito y una vejación injustificada y que, como tales, merecen un reproche contravencional.

No puede omitirse que verse involucrado en noticias de esta especie pudo haberle causado una afectación, pero lo que debe verificarse es si se trata de una conducta antijurídica por exceder el marco del derecho a la libertad de expresión del demandado, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.

“Los intermediarios de datos recopilan datos confidenciales de las personas, los venden o los comparten sin su conocimiento y no logran mantenerlos seguros. Lo hacen mientras niegan a las personas cualquier opinión sobre si se venden y comparten dichos datos personales y dónde, y a menudo sin salvaguardias contra adversarios extranjeros que los utilizarían con fines nefastos”.