No existe nexo causal entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público, presupuesto imprescindible para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Ello se deriva de las circunstancias del caso, por lo que cabe concluir que el servicio público ha funcionado dentro de los parámetros de razonabilidad de la prestación al haber asistido a la víctima con prontitud.

Si el órgano administrativo entendió que la notificación de la resolución sancionadora era irregular, razones de seguridad jurídica además de lo así recogido en la norma necesariamente llevan a que así se considere igualmente en relación a la resta de puntos acordada en el seno de dichos expedientes, que se ven privados así de la necesaria ejecutividad de la sanción al entenderla en definitiva como una resolución no notificada.

Las relaciones internacionales dentro de lo que hace parte la política de nombramiento de las personas en comisión, no son susceptibles de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo cuando se trate de un reclamo de daños y perjuicios, que convertiría el asunto en uno civil de hacienda, que no es el caso.

El Tribunal declara que, aunque todas estas cuestiones plantean problemas constitucionales, deben aclararse de manera previa en los procedimientos de los tribunales administrativos que correspondan