La prisión preventiva es una figura jurídica constitucional y legalmente permitida, y a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se la proscribe. No se está en contra de esta medida ni está bajo cuestionamiento su permanencia; lo que resulta indispensable es advertir que para que su imposición sea válida, constitucional y convencional, debe cumplir una serie de parámetros y estándares.

Cada órgano público debe desarrollar sus competencias de acuerdo con el marco constitucional e interpretará automáticamente el alcance de las disposiciones constitucionales que se refieren a ellas. Solo cuando se alegue que en tal tarea se han afectado las atribuciones de otro poder u órgano constitucional podrá plantearse la demanda competencial ante este tribunal.

Las instancias judiciales han rechazado la demanda de manera liminar sin que se haya llevado cabo la correspondiente investigación sumaria que constate el estado de salud del interno, el diagnóstico médico y el tratamiento que se le habría prescrito, lo que configura una eventual vulneración del derecho a la salud del interno.

La intervención en los mandatos constitucionales relacionados con el acceso futuro a una pensión digna, el derecho a la salud y la sostenibilidad financiera, es de intensidad leve, tomando en cuenta la falta de certeza sobre el riesgo presunto y toda vez que no necesariamente todos los afiliados al sistema privado han hecho efectivo el retiro.

No es posible aceptar como justificación que el registro no genera antecedentes policiales, pues en la práctica está claro que su acceso, indebido o no, genera efectos negativos o perjuicios más que evidentes a quienes ven perjudicadas sus expectativas laborales por el solo hecho de figurar en el mismo a razón de valoraciones o estigmatizaciones de tipo social.

De acuerdo al principio de primacía de la realidad, se demostró que prestó sus servicios en forma subordinada. En consecuencia, había celebrado un contrato laboral a plazo indefinido que amerita protección constitucional dado que el recurrido desnaturalizó su contenido.

Este derecho posee dos acepciones: la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La primera referida a la norma aplicable a todos los que se encuentren en la situación descrita en ella. La segunda exige que un mismo órgano no pueda modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales.

Este derecho contiene una faz positiva que impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar; y una faz negativa que exige que la información proporcionada no sea falsa, incompleta, fragmentaria, indiciaria o confusa.

Toda investigación contra una persona, en cualquier nivel, sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información.

Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, por lo que debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario mediante una sentencia penal firme debidamente motivada.