El control de la emisión de una ley tanto en el procedimiento de su elaboración como en cuanto a su contenido, es posterior y no preventivo. Si el objeto de control son los actos parlamentarios conducentes a la expedición de una ley, entonces será, en principio, el proceso de inconstitucionalidad el que corresponda incoar, pero no un proceso de amparo que responde a una naturaleza y lógica distintas.

Las personas que viven en edificios de departamentos, por las particularidades de la propiedad horizontal, deben orientar sus conductas a la buena convivencia, ya que se trata de viviendas que comparten espacios que, lo quieran o no, tienen cierta injerencia en la vida de todos los propietarios o poseedores que las habitan.

La participación política es un derecho de contenido amplio e implica la intervención de la persona, en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de organización de la sociedad. Una de sus manifestaciones es el derecho a postular, ser elegido y ejercer un cargo de representación popular.

No existe ninguna justificación para el trato diferenciado a favor de la mujer. No se entiende cuál es la finalidad de esta diferenciación por razón del sexo o género. Si hubiese dispensado el mismo trato al varón, obviamente la mujer no se habría visto perjudicada. Normas legales como la cuestionada atentan contra la anhelada igualdad de género.

La omisión evidente en la observancia de un derecho tan elemental como el uso del propio idioma dentro de lo que debería representar una defensa adecuada, invalida lo actuado en el proceso penal.

Su edificación genera un trato diferenciado en los destinatarios de la obra. Un beneficio para un distrito y un perjuicio para el otro, cuyos habitantes encuentran dificultades para acceder al transporte público y a espacios públicos por el muro en cuestión, lo que genera un impacto negativo en las condiciones de vida de los habitantes de uno de los lados del muro.

El principio de resocialización forma parte del proceso de rehabilitación del sentenciado, toda vez que, al restituirlo en sus derechos y cancelar sus antecedentes penales, judiciales y policiales, cambia su estatus jurídico, permitiendo su reincorporación en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos.

La Ley dictada en plena pandemia, extiende el plazo hasta el 30 diciembre de 2023 para que los profesores que cursaban un magíster o doctorado al 30 de noviembre de 2021, acrediten sus postgrados ante la autoridad. Esta acreditación es un trámite necesario para que puedan ejercer labores de docencia. En caso contrario, se arriesgan a ser despedidos.

Se debe observar el principio pro persona, que favorece al procesado y a sus derechos cuando existe duda. Por ende, la sola lectura en audiencia de la sentencia penal no es una notificación válida. A efectos de generar seguridad jurídica y predictibilidad en casos futuros, la interpretación más favorable para los procesados es la que prescribe la notificación por cedula.

Los presuntos actos lesivos que se denuncian -la presentación de la moción de vacancia presidencial y de proyectos de ley-, responden a actuaciones realizadas por los demandados en el ejercicio de sus funciones como congresistas. En tal sentido, dichos actos no inciden de modo alguno en el derecho a la libertad de los beneficiarios del habeas corpus.