El daño producido al actor es consecuencia de no habérsele brindado la información precisa sobre la carrera a la que postuló, cursó y egresó, pues de haber mediado una información adecuada y precisa, el demandante no hubiera visto frustrado su proyecto profesional de desempeñarse como Tecnólogo Médico en áreas de la salud.
El trato no discriminatorio que debe darse a una estudiante con capacidades diferentes es uno que, atendiendo a sus diferencias y dificultades, la sitúe en un plano de igualdad en cuanto a su derecho de acceso a la educación superior.
El egresado ha cumplido con todas y cada una de las etapas para la obtención de su grado académico, pero no se le da dado respuesta fundada a su petición de fecha para rendir el examen de grado, pese a que las condiciones anotadas han sido superadas, lo que es discriminatorio.
Un ejemplo de dichos proyectos específicos, es el Programa de Capacitación en Oficios, destinado a la ejecución de planes de capacitación y/o formativos, a través de los establecimientos educacionales de enseñanza media administrados por la UTEM.
Atendido el tiempo transcurrido sin resolver las solicitudes del actor, ello deriva en una actuación arbitraria de la Universidad, afectando la integridad psíquica del recurrente y los derechos que emanan del contrato de educación.
Las ilegalidades del procedimiento afectan el derecho a la igualdad de trato que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución, en la medida que el recurrente fue sometido a un procedimiento disciplinario que no se sujetó a la regulación naturalmente aplicable.
La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.
La recurrida no acompañó evidencia de haber informado la eliminación, incumpliendo su propia reglamentación que estipula que dicha sanción debe aplicarse por medio de una resolución fundada y mediante un procedimiento que garantice el debido proceso.
La obligación de fundamentar las decisiones que se impone a la autoridad, constituye un imperativo legal, que rige también respecto a la Casa de Estudios.
La demora contraviene el protocolo dictado en conformidad a la Ley N°21.369, lo que hace procedente la adopción de medidas para reestablecer el imperio del derecho.
