Ambas instancias trabajan en el análisis de los artículos e indicaciones que buscan fortalecer la iniciativa estableciendo medidas de protección a favor de las víctimas y de restitución de los derechos vulnerados.
Ambas instancias han estado trabajando en el análisis de los artículos e indicaciones que buscan fortalecer la iniciativa estableciendo medidas de protección a favor de las víctimas y que se restituyan los derechos vulnerados.
Constató la gran incidencia de estos delitos, que ha alcanzado niveles alarmantes. En esta línea hizo una serie observaciones al Estado para proteger de mejor manera los derechos de los niños.
La aceptación de llevar a cabo una solución amistosa expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención Americana en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados.
La denuncia pública de actos que podrían constituir violencia contra la mujer, se encuentra entre los discursos especialmente protegidos por la legislación nacional e internacional. En los últimos años se han acrecentado estas prácticas en materia de género, mostrándose como mecanismos prácticos y eficaces para visibilizar situaciones o hechos de violencia física, psicológica o institucional que pudieron haber sufrido mujeres.
Alega que Carabineros la ha puesto en una situación que directamente le ha provocado un detrimento en su estima, a su honra y dignidad, en su calidad de mujer, madre y ser humano.
Esa forma de violencia es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura.
Es suficiente para condenar el testimonio exclusivo de la víctima, cuando presente tal solidez y rotundidad que no pueda sino ser tenido en cuenta a la hora de imponer una sanción penal a no constar otros móviles que puedan desvirtuarlo.
Si bien en la legislación nacional no hay precepto que autorice expresamente la sustitución de la pena de presidio por la de reclusión domiciliaria por razones como las que motivan la solicitud presentada, debe recordarse las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió.
