La afectada fue víctima de violación sexual perpetrada por cinco reclusos, no se le brindó atención médica especializada, ni se tomaron medidas para proteger su integridad, se la trasladó a un recinto hacinado y el proceso penal en su contra se prolonga por más de 20 años.
Los demandantes fueron capaces de asumir una posición dominante sobre las mujeres que habían reclutado y de abusar de su vulnerabilidad para explotarlas con el fin de proporcionar servicios pornográficos, incluso mediante engaños. Además, habían utilizado la “servidumbre por deudas” y la coerción en diversas formas, entre otras tácticas, como medios para controlar a sus víctimas.
Es necesario que denote el deseo de causar sufrimientos adicionales a la víctima innecesarios para causar la muerte. Sufrimientos físicos e incluso mentales ya que no puede descartarse el ensañamiento moral que somete a quien lo padece, incluso sin dolores, a una angustia psíquica tan insoportable como el daño físico.
Una comprensión e interpretación sistemática de la Constitución exige que la totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad asuman el compromiso no solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la mujer, sino el de adelantar acciones que, en armonía con el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente propicio para que la mujer encuentre la protección de sus derechos.
La situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, al guardar relación con labores de defensa de derechos humanos y la persecución de los agresores, a la luz de las denuncias presentadas, de tal forma que resulta necesario reforzar de manera inmediata medidas para salvaguardar los derechos de las afectadas.
Los hechos constituyen el delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas, ya que todas las expresiones e intentos de comunicación por parte del acusado fueron ejercidas con la intención de atemorizar y menoscabar – e forma flagrante- la integridad psíquica y moral de la víctima.
Hombre que incendió el departamento de su ex pareja es condenado a pena de cárcel. Además deberá indemnizar al cuerpo de bomberos que trabajó en la extinción del fuego.
La normativa contiene lineamientos específicos para el reconocimiento de las uniones de hecho, a saber; debe tratarse de una relación “pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio. El marco normativo que regula y pretende proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar resulta más amplio.
Resulta evidente que, en los delitos sexuales, el de agresión sexual sufrido por una mujer es el ilícito penal posiblemente más grave del que puede ser víctima una persona, y ello debe comportar un innegable resarcimiento en materia de daño moral que en este caso es proporcional a la gravedad de los hechos sufridos por la víctima.
El proyecto considera pensiones de $160.000 para los hijos e hijas menores de 18 años de víctima de femicidio consumado.
