La recurrida no se pronunció sobre dichas solicitudes, limitándose a poner término al procedimiento mediante un correo genérico que nada dice sobre la situación concreta que afecta a cada uno de los actores.

El máximo Tribunal confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció el actuar arbitrario de la autoridad recurrida, al no renovar los visados autorizados antes del inicio de la pandemia de covid-19 y que vencieron durante el periodo de cierre de fronteras por la emergencia sanitaria.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2 y 16 de la Constitución.

El Tribunal de Alzada indicó que, no se advirtió la existencia de un motivo plausible para negar la visación requerida.