CS confirmó sentencia que declaró ajustado a derecho el término de la contrata de una funcionaria de la Universidad Arturo Prat.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que rechazó el recurso de protección deducido por una funcionaria a contrata en contra de la Universidad Arturo Prat.

La actora denunció la vulneración de la garantía de la igualdad ante la ley y el principio de confianza legítima, originada por el Decreto de Rectoría a través del cual se puso término a su contrata, alegando que el acto no expresó debidamente razones fundadas para la decisión de desvincularla, señalando tan sólo que las funciones que desempeñaba serían cumplidas por otros profesionales, luego de hacer referencia a un proceso o programa de austeridad que no ha sido aprobado por Contraloría y a los efectos que la propagación del virus Covid-19 ha traído en el sistema de trabajo o desempeño de los funcionarios.

La recurrida informó que el acto impugnado no atentó contra el principio de protección de la confianza legítima, por cuanto la doctrina administrativista ha señalado que los ciudadanos tienen una expectativa legítima de la permanencia en la regulación y en la aplicación del ordenamiento jurídico y que el resguardo a dicha expectativa supone el amparo que debe dar el Juez al ciudadano frente a la Administración Pública la que ha venido actuando de una determinada manera, en cuanto ésta lo seguirá haciendo de esta misma forma en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares. Por ello, sostuvo que dicha legítima confianza no se defrauda cuando, por cambios de aquellas circunstancias, varía la regulación o aplicación del ordenamiento jurídico.