Derecho de propiedad de los pueblos indígenas.
CS declara admisible recurso de protección de alcalde de Rapa Nui en contra de la CGR que remitió antecedentes al concejo municipal para que se pronuncie sobre su eventual destitución del cargo.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Santiago y declaró admisible el recurso de protección deducido por el alcalde de Rapa Nui en contra de la Contraloría General de la República por remitir los antecedentes al concejo municipal para que se pronuncie sobre su eventual destitución del cargo, en razón de la construcción de un box para pescadores sin los permisos correspondientes.
En su libelo, explica que las obras cuestionadas respondieron a la urgente necesidad de una zona de descanso para los pescadores artesanales del lugar, lo que motivó solicitar al órgano contralor pronunciamiento, pues la licitación pública para dicha construcción no contaba con las autorizaciones sectoriales correspondientes, derivando en un procedimiento disciplinario para investigar las eventuales responsabilidades administrativas.
En este contexto, el Contralor tuvo por acreditada su responsabilidad y ordenó sancionar con una eventual destitución, por no haber obtenido una concesión marítima y los permisos sectoriales para poder construir el box en la caleta Hotu Iti. Así las cosas, remitió los antecedentes al concejo municipal, para que se pronunciara sobre la solicitud de su destitución, en conformidad a los artículos 51 y 60, letra c), de la Ley 18.695.
Comentarios (1)
Renato Cruz Diaz La Constitución, los tratados internacionales y las leyes, protegen las tierras indigenas y sus culturas, pero no declaran su autonomia respecto del Estado, ni menos innovan o hacen inaplicable la normativa urbanistica de Chile, es simplemente eso. De acoger que los tratados internacionales estan sobre la regulación urbanistica nacional, sería eliminar consecuencialmente toda la institucionalidad y ordenamiento jurídico que debe aplicarse en el territorio insular. No hay que confundir la protección de las etnias, sus tierras y sus culturas, con la desafectación total de las normativas básicas como lo son las normas urbanisticas y de derecho público como lo son las de concesiones. Acá no se ha vulnerado ningún derecho.
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