Sentencia que atribuyó la calidad de empresa mandante al Comando de Bienestar del Ejército y lo condenó solidariamente al pago de las prestaciones labores de los actores, se confirma.

La Corte Suprema desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el Comando de Bienestar del Ejército en contra del fallo dictado por la Corte de Valdivia, que no hizo lugar a la impugnación que dedujo en contra de la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de dicha ciudad, que acogió la demanda de trabajo en régimen de subcontratación, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales.

La sentencia del máximo Tribunal señala que la materia de derecho que el recurrente solicita unificar, consiste en determinar si “puede atribuírsele la calidad de dueño o mandante de la obra o no, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 183 A y siguiente del Código del Trabajo”.

Refiere que el fallo impugnado rechazó el recurso de nulidad, fundado en la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a su artículo 183-A y a los artículos 19, 1545 y 1546 del Código Civil, argumentando que la materia controvertida “es de índole laboral, cuya legislación tiene un carácter protector, como asimismo que la titularidad de la empresa principal, no obedece en forma estricta al concepto del dominio que pueda otorgar la legislación civil”, agregando, que “el proyecto de construcción de la Villa Pudeto, fue organizada, financiada y concretizada por el Comando de Bienestar del Ejército, el cual tenía plenas atribuciones para tomar decisiones y su calidad de mandataria le otorgaba facultades propias de un dueño o mandante de una obra o servicio. Como consecuencia de lo anterior, el mandante carecía de ciertas atribuciones, lo cual, de acuerdo con el principio de primacía de la realidad, permite constituir en dueño de esta obra de construcción al referido Comando de Bienestar. Ello explica situaciones como por ejemplo que en la reunión sostenida por las partes el martes 4 de septiembre de 2017, hayan comparecido también los miembros del Departamento de Gestión Inmobiliaria del Ejército. En este contexto, las normas del Código Civil citadas por el recurrente no hacen más que reafirmar las conclusiones precedentes, en especial el artículo 1560 referido a la intención de los contratantes, por cuanto en el presente caso, la intención demostrada y asumida por el Comando de Bienestar del Ejército es aquella propia del dueño de una obra y no de un simple mandatario o financista”.