Cada año escolar constituye un año financiero distinto, por lo que las sostenedoras deben acreditar anualmente la disponibilidad de fondos no utilizados, si no lo hacen, se consuma una nueva infracción.

La Corte Suprema confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Santiago, y rechazó el recurso de reclamación interpuesto por la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores, en contra de la Resolución Exenta PA N°001471 de fecha 26 de agosto de 2021, dictada por la Superintendencia de Educación, que acogió parcialmente la reclamación deducida en contra la resolución N°2020/PA/2539 de fecha 06 de octubre de 2020, emitida por la misma entidad, que le impuso una sanción de privación temporal parcial de la subvención, de un 6% de la subvención general por dos meses.

En su libelo, la actora señala que el único cargo formulado en su contra fue el de no cumplir con la obligación de entregar información solicitada por la superintendencia, referente a acreditar la total disponibilidad de los saldos de subvenciones y/o aportes del Estado percibidos el año 2018.

Agrega que, respecto de los fondos de los cuales no se acreditó su disponibilidad, señala que el problema proviene de un arrastre de años anteriores al 2018, sobre lo cual la administración ha hecho lo posible para disminuirlos.